La Unión Industrial de Córdoba expresa, nuevamente, su profunda preocupación por la crisis energética que atraviesa el sector productivo en pleno invierno.
Las restricciones e interrupciones de gas, incluso sobre contratos firmes y semifirmes, afectan la continuidad operativa de industrias que dependen de este insumo esencial para producir. No estamos hablando de una incomodidad administrativa: estamos hablando de plantas que deben reducir actividad, reorganizar procesos, incumplir programas de entrega o asumir costos extraordinarios para seguir funcionando.
La falta de previsión no desaparece: se traslada. Y hoy golpea de lleno al sector productivo. Las empresas tienen que producir. No pueden convertirse, de un día para otro, en especialistas en licitaciones de GNL, contratos energéticos, penalidades y alternativas de abastecimiento dentro de un mercado técnico, regulado y complejo. Mucho menos puede exigirse eso a las pequeñas y medianas industrias, que son las más vulnerables y no cuentan con estructuras para resolver individualmente una crisis que es sistémica.
El impacto económico ya no es potencial: está ocurriendo. Cada corte obliga a frenar producción o a reemplazar el gas por alternativas mucho más caras. Ese sobrecosto entra directo en la estructura de cada empresa y se proyecta sobre toda la cadena: encarece la producción, presiona los precios, debilita la competitividad y pone más tensión sobre el empleo. En una economía que necesita bajar la inflación y recuperar actividad, energía incierta y cara es exactamente lo contrario de lo que el país necesita.
También preocupa la falta de transparencia. Hay asimetría de información, criterios de restricción poco claros y escasa certeza sobre la disponibilidad real de gas en el sistema. Frente a esto, el Estado debe prevenir, ordenar y hacer cumplir las reglas. De lo contrario, el mercado queda librado a una lógica de “ley de la jungla”, donde prevalece quien tiene mayor capacidad de negociación, en lugar de un sistema transparente y equitativo que ordene responsabilidades y proteja a todos sus actores.
La energía debe ser una condición para producir, no un obstáculo que paralice a quienes generan empleo. El Estado tiene la responsabilidad indelegable de ordenar el sistema y garantizar un abastecimiento previsible para la producción.
Córdoba, 1 de julio de 2026