Responsabilidad Penal Empresaria
El miércoles 8 de noviembre de 2017 la Cámara de Diputados convirtió en ley el régimen de Responsabilidad Penal Empresaria, la cual pone en cabeza del empresariado argentino la obligación de implementar controles contra la corrupción y así elevar los estándares de transparencia. La mencionada ley 27.401 -que entró en vigencia el 1 de marzo de 2018- y que se aplica a todas las personas jurídicas privadas, sanciona delitos de corrupción contra la administración pública y cohecho tanto nacional como transnacional.
Con esta legislación, Argentina se pondrá a la altura de otros países de la región y el mundo, como Chile, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, España y Francia. También, cumplirá con los compromisos internacionales asumidos al ratificar Convención contra el Soborno Transnacional de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Argentina era el único de los 41 países firmantes que no la tenía.
Los principales cambios son que se introdujeron son:
- Los delitos son: «Cohecho y tráfico de influencias, nacional o transnacional»; «Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; «Concusión» (exacciones ilegales); «Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados», y «Balances e informes falsos agravados».
- Las sanciones aparejadas son: Multa de dos (2) a cinco (5) veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener; Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años; Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años; Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad; Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere; Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.
- Extiende la responsabilidad de las empresas por los delitos que cometen cualquiera de las personas que trabajan en ella y también extiende la responsabilidad por Terceros.
- Incentiva la implementación de un programa de integridad para prevenir la corrupción al interior de la empresa, sirviendo este programa, siempre y cuando sea adecuado, para lograr la reducción e incluso eximición de penas en caso que además la empresa se autodenuncie en la justicia y devuelva el provecho del delito.
- Crea la figura del Colaborador Eficaz, donde la persona jurídica podrá comprometerse ante el Ministerio Público Fiscal a colaborar y brindar “datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos.
¿Qué es un Programa de Integridad? Consiste en un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir los ilícitos y otras conductas no deseadas dentro de las empresas.
A partir del 1º de Marzo de 2018 contar con un Programa de Integridad será requisito obligatorio para aquellas empresas que contraten con el Estado Nacional, en todas aquellas licitaciones y contratos que por su monto requieran aprobación de autoridad con rango de Ministro.
Algunos puntos que debe incluir el Programa de Integridad:
- -Un código de ética o de conducta.
- Reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público.
- Capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad.
- El apoyo visible e inequívoco al programa de integridad por parte de la alta dirección y gerencia.
- Los canales internos de denuncia de irregularidades.
- Un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de ética o conducta.
- Procedimientos que comprueben la integridad y trayectoria de terceros o socios de negocios, incluyendo proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, agentes e intermediarios, al momento de contratar sus servicios durante la relación comercial.
- El monitoreo y evaluación continua de la efectividad del programa de integridad.
- Un responsable a cargo del desarrollo, coordinación y supervisión del Programa de Integridad.
Fuente: